viernes, 21 de octubre de 2011

Congreso Nacional. Diputada fueguina recoge la posta de un senador fallecido

Mierc 19 16:48 hs.-Fadul anticipó su respaldo a un proyecto para conectar a su provincia con Santa Cruz, a través de aguas nacionales.
La diputada fueguina Liliana Fadul anticipó que apoyará el proyecto del fallecido diputado José Martínez para concretar la conexión directa entre Tierra del Fuego y Santa Cruz por aguas argentinas
“Aspiro a que todos los diputados de Tierra del Fuego estén de acuerdo con este cruce”, dijo Fadul.

La referente del Partido Federal Fueguino indicó que aunque establecer el cruce aguas afuera del Estrecho de Magallanes es una obra costosa, existen fondos suficientes para realizar la empresa ya que el Presupuesto Nacional 2012 es de más de quinientos cinco mil ciento veintinueve millones. Asimismo, consideró que la conectividad afianzará las exportaciones fueguinas hacia el continente y favorecerá tanto el desarrollo local como el nacional.

La diputada por Tierra del Fuego indicó que está juntando todas las firmas posibles de sus pares para que prospere en la Cámara de Diputados el proyecto presentado oportunamente por el fallecido senador fueguino José Martínez para concretar la conectividad entre nuestra provincia y Santa Cruz a través de aguas argentinas.

“Aspiro a que todos los diputados de Tierra del Fuego estén de acuerdo con este cruce; no estarlo no se condice con los tiempos que corren ni con las necesidades no sólo de todos los fueguinos sino de todos los argentinos”, señaló.

Con respecto al costo de la obra, adelantó que en el seno de la comisión de presupuesto se le consultará el ministro de Economía “de qué montos estamos hablando puliendo las cifras”. Aunque la diputada Fadul reconoció que la obra será costosa, indicó que “hay que tener en cuenta que estamos hablando de un presupuesto nacional de quinientos cinco mil ciento veintinueve millones, con un crecimiento del PBI real que se indica para el 2012 en el 5,1 por ciento”. En este sentido, enfatizó: “Me parece que hay que empezar a realizar la obra y ponerle energía para que se concrete en el menor tiempo posible”.

Por último remarcó que la conexión favorecerá el crecimiento de la industria en nuestro país. “Si hay industria nacional que produce, obviamente pone en marcha un mecanismo importantísimo. Las economías con una industria creciente, floreciente y genuina permiten que las sociedades puedan desarrollarse cabalmente”, expresó y celebró el incremento del aporte nacional a la industria fueguina en un 38,7 por ciento. “Me parece muy bueno porque tiene una implicancia sumamente importante para nuestra provincia”, concluyó

ÉXODO DE DOCENTES A LAS FÁBRICAS ELECTRÓNICAS


Mierc 19 23:14 hs.-Telenoche mostró esta noche en su edición central uno de los problemas resultantes de la explosión industrial en Rio Grande.
En su espacio “Argentina desde adentro”, Daniel Malnatti convivió todo un día con una docente que decidió dejar las aulas para marchar a las líneas de producción de una fabrica y sin dudar sostuvo que lo hacia por el magro sueldo que percibía, unos 3500 pesos mensuales contra los mas de 9.000 que gana ahora
El comentario final después de contar que mas de 60 docentes, tal y como adelantáramos en este medio, se fueron a las fabricas, fue que en esta provincia las prioridades están al revés, mientras que el periodista sostuvo que “se habla mucho de los jóvenes, de su futuro y de su proyección pero a la hora de ver la realidad, esta es la cara que nos muestra.
La economía y el bienestar familiar pueden mas que la vocación y en Tierra del Fuego, es cada vez mas notable como las electrónicas están dejando sin empleados a pequeños comercios, kioscos, tiendas, despensas o talleres y hasta estudios contables, todos quieren ganar un buen sueldo y esta bien, pero hay algo que evidentemente no funciona y es que las diferencias salariales entre el sector de comercio o el estado y las empresas es realmente abismal, por lo menos en lo que hace a las categorías mas bajas de uno u otro sector o a los trabajadores de menor antigüedad.

jueves, 20 de octubre de 2011

HASTA SIEMPRE CORONEL

MURIÓ UN HOMBRE, PERO VIVE UN LÍDER, UN REVOLUCIONARIO, UN EJEMPLO DE DIGNIDAD.

Alday, Arenas, Marconi condenados y a prision.

La Justicia condenó hoy por el delito de peculado reiterado a tres funcionarios de la gestión del entonces gobernador y actual senador, Jorge Colazo en el final del juicio donde se ventiló el caso de la sustracción de más de 200 mil pesos del erario público. De esta manera, el ex ministro de Deportes Julio Alday; el ex director de despacho de ese ministerio, René Arenas, y el ex director de Administración Financiera, Javier Marconi, fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto el ex asesor del Ministerio de Deportes, Flavio De Mayolas fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión en suspenso y el ex secretario de Contrataciones, Rodrigo Dumé yLuciana Cabrera pareja de Marconi en cuya cuenta bancaria fueron depositado algunos de los fondos sustraidos fueron absueltos. Los diferentes letrados de los condenados ya adelantaron que apelarán la medida.


En la sala se vivió un momento de profunda conmoción, con personal policial dispuesto para encarcelar inmediatamente, una vez concluida la audiencia, a los tres ex funcionarios condenados con prisión efectiva, la cual comenzarán a purgar desde la presente jornada.

Alday y Marconi, como ministro de Deportes y director administrativo respectivamente, eran los principales responsables del hecho en razón de ser las firmas autorizadas para el libramiento de los cheques y pagos que se hicieron con los fondos de los Juegos Evita. René Arenas fue quien percibió gran parte de esos pagos, más de 120 de los mas 200 mil pesos que comprendieron este desfalco a la administración pública, con el objeto de pagar escuchas telefónicas.

En el caso de De Mayolas brindó el dictámen jurídico, como asesor letrado del ministerio, para que se sustanciara el expediente de los pagos.

De esta forma se concreta el encarcelamiento de tres ex funcionarios de la gestión mas corrupta que recuerda la historia institucional de Tierra del Fuego, con un gobernador destituido como es el actual senador Jorge Colazo, ahora con tres ex funcionarios presos que se suman a Bernal y a Domínguez en las áreas de Obras Públicas.

Aunque resulta por demás llamativo que hasta el momento solo han sido condenados perejiles de gestiones y no este preso ninguno de todos los ex funcionarios de las gestiones de Estabillo, Manfredotti y Coccaro que se hicieron multi millonarios luego de pasar por la función publica, sin contar con los Ejecutivos Municipales de ambas ciudades donde la mayoria paso de pobre rico en un par de meses. Aunque Julio Alday fue Ministro de Colazo, fue solo un perejil mas y nadie duda que uno de los absueltos en este caso, el multifuncionario, Rodrigo Dumé era quien manejaba la mayoría de los fondos en la gestión Colazo y muchos de los mismos periodistas que catalogan ahora a esa gestión como la mas corrupta, parece que no recuerdan que hasta sus propios familiares fueron parte del Gabinete de Colazo, aunque claro esa parte de la historia nunca la cuentan.


miércoles, 19 de octubre de 2011

Piden prision para 3 ex funcionarios de Colazo


Se trata de Julio Alday, René Arenas, y Javier Marconi, quienes están siendo enjuiciados por la sustracción de 200 mil pesos de fondos pertenecientes a los gastos por los “Juegos Evita 2005”. El Fiscal Mayor, Guillermo Massimi, en su alegato solicitó para Alday y Arenas la pena de 3 años y seis meses de prisión efectiva más la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En tanto que para Marconi solicitó la pena de 3 años e inhabilitación perpetua. Todos son acusados del delito de peculado que establece el art. 261 del Código Penal. En el caso de los dos primeros, el doctor Massimi solicitó la mayor pena ya que ambos ex funcionarios tenían la firma habilitada para liberar los pagos, ya que ocupaban el cargo de Ministro de Deportes y Directora General de Administración Financiera de esa misma cartera.


En cambio en el caso de René Arenas -asesor de ese Ministerio-, el Fiscal los entendió como partícipe necesario, al igual que Flavio de Mayola, ex asesor legal de la cartera sobre quien se solicitó la pena de dos años y tres meses en suspenso.

En tanto que para los otros acusados, el ex secretario de Contrataciones, Rodrigo Dumé y Luciana Cabrera, solicitó la absolución.

El hecho que se imputa fue que en el año 2005 en el ministerio de Deportes, Alday y Marconi como funcionarios del área, tenían a su cargo el manejo de la caja de ahorro del Banco Nación, donde Nación debía depositar cerca de 220 mil pesos para solventar gastos de los fueguinos que participarían en los juegos nacionales Evita, que se realizarían en La Rioja, Catamarca y San Juan.

El Gobierno Nacional no depositó allí los fondos comprometidos, por lo que se pidió un anticipo de 200 mil pesos con los que se solventaron dichos gastos, tras lo cual Nación hizo efectivo el depósito. Ese dinero no fue rendido y se probó que el día previo a la suspensión de Jorge Colazo, numerosos cheques por ese monto fueron librados y cobrados por distintas personas, en una maniobra delictiva que se está dilucidando en juicio oral y público.

Juicio que incluso desnudó que con estos fondos, se realizaron escuchas telefónicas ilegales e inteligencia. Tal cual lo aseguró Arenas en su declaración y que motivará en inicio de una causa penal.

martes, 18 de octubre de 2011

Tierra del Fuego: Se sigue TORTURANDO EN LAS COMISARIAS



Contra la posición oficial del Gobierno, que las torturas por las cuales se espera la pronta detención de nueve policías, constituyen un hecho aislado. Desde gestiones anteriores se denuncian apremios ilegales y golpizas en el trayecto a las comisarías e incluso en el hospital, a jóvenes de la ciudad que son detenidos ilegalmente. Asi lo manifesto el Dr. Raúl Aciar, presidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, quien reclamó que se cumpla las normas que prohíben estas detenciones contravencionales. Además, advirtió sobre las consecuencias para la provincia, por la posibilidad de demandas de los damnificados. Por su parte, el Dr. Francisco ‘Paco’ Giménez llamó ‘jauría’ a los policías torturadores y destacó la labor de la fiscalía en la reconstrucción de los hechos. “La detención contravencional en Tierra del Fuego es ilegal, porque la Constitución así lo establece y no puede existir una norma por encima de la Constitución. Esto ha sido últimamente reconocido por las autoridades de la provincia”, señaló el Dr. Raúl Aciar.


Hoy se procedería a la detención de los policías vinculados a los hechos de tortura, de hacer lugar el juez al requerimiento del fiscal mayor, luego de un trabajo de reconstrucción de los vergonzantes hechos que hicieron eje en el uso de picanas contra el hijo de un jefe policial, aunque las víctimas fueron más.

“Lamentablemente esta es la consecuencia de un actuar ilegal en la provincia, que venimos denunciando desde hace años”, dijo el Dr. Raúl Aciar a este medio, puesto que “la Constitución de la provincia establece que nadie puede ser privado de su libertad sin orden estricta y fundada, de autoridad judicial competente. Es decir que la policía o cualquier fuerza de seguridad, no puede detener sino solamente cuando tiene una orden judicial o para poner en conocimiento de una autoridad policial”.

Sostuvo que este último es el caso que se llama ‘flagrancia’, que es la cuestión urgente, y se da cuando un oficial de policía, en su recorrido, ve que una persona está cometiendo un delito. En ese caso lo puede detener, “pero para ponerlo a disposición de un juez, no para tenerlo una cantidad de horas en una dependencia policial, en lo que se llama detención contravencional”, aclaró.

“La detención contravencional en Tierra del Fuego es ilegal, porque la Constitución así lo establece y no puede existir una norma por encima de la Constitución. Esto ha sido últimamente reconocido por las autoridades de la provincia”, señaló el abogado, aunque las detenciones ilegales continúan.


Indicó que supuestamente se justifican en los edictos policiales del año ’79, pero que no pueden ir por sobre la Constitución, además de desnudar la desidia en haber buscado normas de reemplazo, con todo el tiempo transcurrido y la cantidad de denuncias por apremios que acumula la provincia.

“Los edictos facultan al jefe de policía a detener una persona hasta un lapso de treinta días. Pero como la Constitución de la provincia dice que en Tierra del Fuego no se puede detener a nadie sin orden judicial o para poner en conocimiento del juez, y la Constitución es posterior a los edictos, obviamente lo que rige es la Constitución”, remarcó Aciar.

Además, aludió a la ley de provincialización de Tierra del Fuego, que le dio validez a todas las normas que estaban vigentes durante la época del Territorio, pero que seguirían vigentes hasta tanto la provincia legislara sobre cada tema. En el caso de las detenciones, la legislación la dio ni más ni menos que la Constitución, que dice que está prohibida la detención. “Eso es lo que está vigente y no es discutible. De modo tal que la policía no puede detener una persona en la faz contravencional”, insistió el letrado.

Para Aciar estos edictos son los que de alguna manera avalan la producción de torturas, los vejámenes, y el uso de picanas que ya fue comprobado para el caso Torres. “Si la policía tuviera presente que solamente puede detener para poner a disposición de un juez, obviamente no va a torturar a la persona. Ahí se da lugar a todo este tipo de vejámenes y abusos.

Resolverlo es tan sencillo como cumplir la ley. Si acá se dijera esto, como ya se ha dicho y está reconocido, todo este tipo de salvajismos no ocurriría”, aseveró.

Ningún hecho aislado


Aunque los funcionarios del gobierno parecen más preocupados por hablar de un “hecho aislado” que por legislar para resolver las detenciones ilegales, el letrado afirmó que no es así y observó que el joven Torres es hijo de un policía y por eso llegó a denunciar el caso, pero “hay muchas personas vejadas, agredidas y violados en su derecho, y cuando salen no van a hacer la denuncia a la misma policía que los ha maltratado”.

De hecho las crónicas periodísticas muestran decenas de casos de apremios, e incluso denuncias concretas que hicieron grupos de jóvenes, cuyo único resultado fueron más amenazas de los policías e intimidaciones en la vía pública.

Tampoco Aciar cree que la picana se haya usado por única vez con Torres. “Por las pericias que se han visto en el cuerpo del joven, es muy inocente pensar que la picana se ha utilizado solamente con este hombre.

Estas no son cosas alarmistas, son deducciones lógicas que tiene que tratar cualquiera con sentido común”, señaló, y advirtió que si esto sigue ocurriendo, teniendo herramientas legales para detener los abusos, es que “obviamente hay quienes quieren que las cosas sean así”.

Provincia con riesgo de juicios


Consultado sobre la respuesta de las autoridades a su planteo, lamentablemente sigue el silencio, aunque se expone a la provincia a una lluvia de demandas y resarcimientos. “Todo esto que estoy diciendo, lo he dicho por escrito. He presentado notas al jefe de policía, al presidente de la Legislatura, al presidente del Superior Tribunal, al fiscal ante el STJ, a la gobernadora, al ministro de Gobierno, a la secretaria de Derechos Humanos, al presidente de la Asociación de Magistrados. Todo eso se hizo en marzo de este año”, refirió.

Agregó que en sus notas pidió “a todas esas autoridades que tomen las medidas necesarias, porque acá se está responsabilizando a la provincia por cualquiera de las personas que se vea afectada por el no cumplimiento de la ley. El día de mañana puede tener una acción resarcitoria contra el Estado”, alertó, y sobran casos a nivel nacional, siendo uno de los de mayor repercusión el caso Bulacio, donde se condenó al Estado a resarcir el daño por la muerte del joven.

“El Estado tiene una asignatura pendiente en esto. La violencia policial tiene hechos concretos. Hay declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos que dice que está trabajando en un código contravencional, hace unos días también habló la secretaria de Seguridad diciendo lo mismo, pero la pregunta es qué hacemos mientras tanto, porque estamos en condiciones de decir que todos los días se detiene gente en toda la provincia en eso que se llama ‘faz contravencional’, que es ilegal. Hay que pedir un informe sobre la gente que se detiene en la faz contravencional y vamos a tener una idea de números. Esto no es legal y compromete a la provincia”, remarcó el abogado.


Otra contradicción y van…


Frente al discurso del ex ARI que permitió la llegada de Ríos al gobierno, y las manifestaciones posteriores aun desde otra fuerza política, Aciar marcó la contradicción que se hace evidente entre dichos y hechos, a casi cuatro años de gestión y sin un tema central resuelto. “Es contradictorio que el Estado provincial, que enarbola como uno de sus postulados más significativos el tema de los derechos humanos, no haga nada con un pedido concreto de cumplimiento de la ley. En esto que es el día a día, y que está pedido, no se ha hecho ni se ha dicho nada. Se ha dicho que ‘se está trabajando’, pero digamos la verdad: estamos en octubre, a fin de año hay asunción de la nueva Legislatura y, si se llega a hacer algo, va a ser durante el 2012. Mientras tanto ¿a cuánta gente más van a detener en forma ilegal? Es una decisión política de la gobernadora, del ministro de gobierno, del jefe de policía. Nosotros presentamos esto en el mes de marzo. Va a terminar el año y no hubo nada y nos seguimos enterando de que siguen golpeando gente en dependencias policiales. Esto no es alarmista, porque todos los operadores lo saben y lo que pretendemos es que se cumpla la ley”, finalizó el abogado.


‘Paco’ Giménez llamó ‘jauría’ a los policías torturadores
Noche de perros


El abogado de la víctima de torturas de parte de los policías destacó la labor de la fiscalía en la reconstrucción de los hechos y calificó como “jauría” a los uniformados que golpearon salvajemente, no sólo al joven Torres, sino a otras dos personas. Fue una noche de las tantas que se vienen describiendo sin que nada ocurra. Hasta ahora.

En declaraciones a Radio Fueguina, el Dr. Francisco “Paco” Giménez destacó la tarea desarrollada por el Juez y el Fiscal de la causa que investiga las torturas al joven Torres, quienes pudieron “hacer una reconstrucción histórica de los hechos de esa madrugada y culminaron con este pedido del fiscal mayor de la detención de nueve policías, algunos de ellos de mucha antigüedad en la fuerza, otros muy jóvenes, y también la imputación a los jefes de la comisaría por un delito conexo, que es haber permitido que eso suceda en dependencias policiales”, manifestó.

Si bien el centro de torturas se ubica en la comisaría tercera, el Dr. Giménez indicó que en la reconstrucción de los hechos el fiscal mayor “también da cuenta de que fueron llevados a la comisaría primera en un momento en esa noche de terror. Fue un tour que le hicieron pasar a dos jóvenes, porque en realidad el fiscal mayor requiere a uno por vejaciones y a otro por torturas. Fueron dos las víctimas y también se pudo reconstruir cómo la patota de la policía levanta al amigo de estos dos chicos, por los cuales fue a preguntar a la comisaría. Sin ningún motivo lo levantan de la calle, supuestamente por estado de ebriedad, cuando iba caminando tranquilamente con su novia por la calle Santa Fe. Baja una patota de una camioneta, lo prepean, lo maltratan, lo esposan y lo llevan detenido sin ningún motivo. Ahí hay otro delito, que es la privación ilegítima de la libertad sobre ese tercer joven. Fue una noche de terror y actuaron como una jauría”, describió.


En el marco de esa irracionalidad, barajó que “alguien empezó a pegar, fueron a la comisaría tercera y le empezaron a pegar a estos chicos”, aunque los abusos se dieron en los trayectos y hasta en el hospital.

Giménez espera la pronta detención luego de un par de medidas de prueba complementarias que fueron solicitadas al juez. “El dictamen del fiscal mayor es impecable, con una reconstrucción histórica muy bien fundada. Entre las pruebas se piden precisiones de la historia clínica, algunas pericias psicológicas, testimoniales de jefes policiales y si está listo en los próximos días el juez tendrá que resolver si procede o no a la detención de estos delincuentes”, consideró.

Aclaró que desde un primer momento, como representante de la familia, dijeron que “no teníamos apuro en lograr la detención, sino que se esclarezca la verdad, que se reconstruya todo lo que pasó y garantizarle a esta gente el derecho de defensa, a un abogado, y el derecho a ser juzgados sin golpes, que no tuvieron estos chicos”.

Para el abogado no hay registro en el país de un hecho semejante, en democracia. “Hubo casos de gatillo fácil, de policías que han matado a ciudadanos, pero un hecho de estas características, donde toda una guardia policial, como una jauría de perros se abalanza sobre ciudadanos inocentes para golpearlos y torturarlos, no tengo conocimiento de algo parecido”, sostuvo.

Aunque nunca aparecieron los elementos de tortura, se comprobó su utilización con pericias médicas. “Nunca se encontraron los elementos pero esto no es relevante a los efectos de la investigación. Pudo haber sido cualquier elemento capaz de conducir electricidad. Obviamente no se lo encontró en la comisaría pero no era relevante a los efectos de la investigación. Es como cuando una persona es herida de bala y no necesitamos el arma para comprobar que fue herido”, comparó.

Además, apuntó que la golpiza se da en la comisaría, en el trayecto a la comisaría y en el hospital. “Fueron torturas físicas, psicológicas, amenazas diciéndoles que ‘todavía te falta’, ‘te vamos a seguir dando en la comisaría’. Luego parece que empiezan a tomar conciencia de lo que pasó y tratan de ocultar lo que habían hecho, pero ya era tarde. Este chico no murió de casualidad, y a uno le hace pensar que si le pasa esto al hijo de un alto jefe policial, qué le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos”, reflexionó el letrado.

También agregó que otro chico que fue golpeado esa noche no había querido hacer la denuncia hasta que lo requirió el fiscal, y que una joven que iba con ellos alcanzó a escaparse por los pasillos internos. “Si no, también era víctima de todo esto”, aseguró.

El registro de casos que llegaron a la prensa incluye abusos contra mujeres, y fueron varios los testimonios de manoseos de policías que siguen impunes. Quizás los perpetradores hayan sido los mismos y la justicia, aunque tarde, finalmente empiece a llegar.

ABRIRÁN UNA CAUSA PENAL AL DIPUTADO COLAZO



El fiscal Mayor, Guillermo Mássimi y la fiscal Karina Echazú, anticiparon que solicitarán copias de la sentencia en donde uno de los acusado René Arenas, en la causa que se esta llevando a cabo para saber lo que sucedido con unos 200 mil pesos que se sustrajeron de las arcas públicas provinciales durante la gestión Colazo, confesó el dia viernes tal como lo habiamos adelantado(ver), haber cobrado gran parte de los fondos por trabajos de escuchas telefónicas que realizó para la gestión Colazo, solicitados por el ahora senador, con el fin de descubrir quienes extorsionaban (al Gobierno) y sacarlos del camino, por orden directa del en ese momento primer mandatario provincial.


Arenas declaró concretamente: "yo hacía trabajos de inteligencia para el gobierno de Colazo" y de esta manera justificó el haber cobrado alrededor de 170 mil pesos en cheques por haber efectuado escuchas supuestamente acordadas - según los dichos de Arenas - con el propio Mandatario a través de una conversación telefónica.

El viernes último Mássimi anticipó a los jueces Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, que una vez dictada la sentencia, solicitará copia de la declaración de Arenas para iniciar una investigación penal.


Qué dice el Código Penal


Es que el Código Penal establece el delito de “violación de Secretos y de la Privacidad”. En su Artículo 153 establece que: “Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida”.

Agrega párrafo aparte que “en la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica”.

Aclara que “si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena”

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO, PROHIBIÓ LAS LICITACIONES



El gobierno aceptó y contrato a la empresa Nomade Soft SRL por la suma de 14 millones 760 mil pesos, para el mantenimiento, nuevos desarrollos, capacitaciones, transferencia tecnológica y adquisición de licencias y soporte de software. En principio el contrato rozaba los trece millones de pesos, pero ante observaciones realizadas para la constitución de un anticipo financiero, la empresa no mantuvo la oferta original. Se perdió de ahorrar casi dos millones de pesos. 12 millones 900 mil pesos, por el término de 24 meses, fue el presupuesto original que la empresa Nomade Soft presentó al gobierno, para el servicio de mantenimiento, nuevos desarrollos, capacitaciones, transferencia tecnológica y adquisición de licencias y soporte de informática.


Sin embargo, luego de haberse demorado la constitución de un adelanto financiero que debía cumplir el gobierno, por un monto de 2 millones 580 mil pesos; la empresa del rubro informático desistió de mantener la oferta original e hizo un reajuste de la misma que fue presentada al gobierno.

El nuevo precio fijado por la firma fue de 14 millones 760 mil pesos, por un contrato que será por 24 meses. La gobernadora Fabiana Ríos y el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu no pusieron reparos en ese reajuste de precio, tal es así que rubricaron el decreto 2315/11, adjudicando la contratación, en forma directa.

En el nuevo decreto se hace mención a que se subsanaron los errores que dieron motivo a las observaciones que formuló en su momento el Tribunal de Cuentas de la Provincia y por las cuales se demoró la contratación con Nomade Soft, en los valores establecidos anteriormente, que le permitía al Estado ahorra casi dos millones de pesos.

A ESTE TIPO LE PAGAMOS UN SUELDO COMO DIPUTADO