Contra la posición oficial del Gobierno, que las torturas por las cuales se espera la pronta detención de nueve policías, constituyen un hecho aislado. Desde gestiones anteriores se denuncian apremios ilegales y golpizas en el trayecto a las comisarías e incluso en el hospital, a jóvenes de la ciudad que son detenidos ilegalmente. Asi lo manifesto el Dr. Raúl Aciar, presidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, quien reclamó que se cumpla las normas que prohíben estas detenciones contravencionales. Además, advirtió sobre las consecuencias para la provincia, por la posibilidad de demandas de los damnificados. Por su parte, el Dr. Francisco ‘Paco’ Giménez llamó ‘jauría’ a los policías torturadores y destacó la labor de la fiscalía en la reconstrucción de los hechos. “La detención contravencional en Tierra del Fuego es ilegal, porque la Constitución así lo establece y no puede existir una norma por encima de la Constitución. Esto ha sido últimamente reconocido por las autoridades de la provincia”, señaló el Dr. Raúl Aciar.
Hoy se procedería a la detención de los policías vinculados a los hechos de tortura, de hacer lugar el juez al requerimiento del fiscal mayor, luego de un trabajo de reconstrucción de los vergonzantes hechos que hicieron eje en el uso de picanas contra el hijo de un jefe policial, aunque las víctimas fueron más.
“Lamentablemente esta es la consecuencia de un actuar ilegal en la provincia, que venimos denunciando desde hace años”, dijo el Dr. Raúl Aciar a este medio, puesto que “la Constitución de la provincia establece que nadie puede ser privado de su libertad sin orden estricta y fundada, de autoridad judicial competente. Es decir que la policía o cualquier fuerza de seguridad, no puede detener sino solamente cuando tiene una orden judicial o para poner en conocimiento de una autoridad policial”.
Sostuvo que este último es el caso que se llama ‘flagrancia’, que es la cuestión urgente, y se da cuando un oficial de policía, en su recorrido, ve que una persona está cometiendo un delito. En ese caso lo puede detener, “pero para ponerlo a disposición de un juez, no para tenerlo una cantidad de horas en una dependencia policial, en lo que se llama detención contravencional”, aclaró.
“La detención contravencional en Tierra del Fuego es ilegal, porque la Constitución así lo establece y no puede existir una norma por encima de la Constitución. Esto ha sido últimamente reconocido por las autoridades de la provincia”, señaló el abogado, aunque las detenciones ilegales continúan.
Indicó que supuestamente se justifican en los edictos policiales del año ’79, pero que no pueden ir por sobre la Constitución, además de desnudar la desidia en haber buscado normas de reemplazo, con todo el tiempo transcurrido y la cantidad de denuncias por apremios que acumula la provincia.
“Los edictos facultan al jefe de policía a detener una persona hasta un lapso de treinta días. Pero como la Constitución de la provincia dice que en Tierra del Fuego no se puede detener a nadie sin orden judicial o para poner en conocimiento del juez, y la Constitución es posterior a los edictos, obviamente lo que rige es la Constitución”, remarcó Aciar.
Además, aludió a la ley de provincialización de Tierra del Fuego, que le dio validez a todas las normas que estaban vigentes durante la época del Territorio, pero que seguirían vigentes hasta tanto la provincia legislara sobre cada tema. En el caso de las detenciones, la legislación la dio ni más ni menos que la Constitución, que dice que está prohibida la detención. “Eso es lo que está vigente y no es discutible. De modo tal que la policía no puede detener una persona en la faz contravencional”, insistió el letrado.
Para Aciar estos edictos son los que de alguna manera avalan la producción de torturas, los vejámenes, y el uso de picanas que ya fue comprobado para el caso Torres. “Si la policía tuviera presente que solamente puede detener para poner a disposición de un juez, obviamente no va a torturar a la persona. Ahí se da lugar a todo este tipo de vejámenes y abusos.
Resolverlo es tan sencillo como cumplir la ley. Si acá se dijera esto, como ya se ha dicho y está reconocido, todo este tipo de salvajismos no ocurriría”, aseveró.
Ningún hecho aislado
Aunque los funcionarios del gobierno parecen más preocupados por hablar de un “hecho aislado” que por legislar para resolver las detenciones ilegales, el letrado afirmó que no es así y observó que el joven Torres es hijo de un policía y por eso llegó a denunciar el caso, pero “hay muchas personas vejadas, agredidas y violados en su derecho, y cuando salen no van a hacer la denuncia a la misma policía que los ha maltratado”.
De hecho las crónicas periodísticas muestran decenas de casos de apremios, e incluso denuncias concretas que hicieron grupos de jóvenes, cuyo único resultado fueron más amenazas de los policías e intimidaciones en la vía pública.
Tampoco Aciar cree que la picana se haya usado por única vez con Torres. “Por las pericias que se han visto en el cuerpo del joven, es muy inocente pensar que la picana se ha utilizado solamente con este hombre.
Estas no son cosas alarmistas, son deducciones lógicas que tiene que tratar cualquiera con sentido común”, señaló, y advirtió que si esto sigue ocurriendo, teniendo herramientas legales para detener los abusos, es que “obviamente hay quienes quieren que las cosas sean así”.
Provincia con riesgo de juicios
Consultado sobre la respuesta de las autoridades a su planteo, lamentablemente sigue el silencio, aunque se expone a la provincia a una lluvia de demandas y resarcimientos. “Todo esto que estoy diciendo, lo he dicho por escrito. He presentado notas al jefe de policía, al presidente de la Legislatura, al presidente del Superior Tribunal, al fiscal ante el STJ, a la gobernadora, al ministro de Gobierno, a la secretaria de Derechos Humanos, al presidente de la Asociación de Magistrados. Todo eso se hizo en marzo de este año”, refirió.
Agregó que en sus notas pidió “a todas esas autoridades que tomen las medidas necesarias, porque acá se está responsabilizando a la provincia por cualquiera de las personas que se vea afectada por el no cumplimiento de la ley. El día de mañana puede tener una acción resarcitoria contra el Estado”, alertó, y sobran casos a nivel nacional, siendo uno de los de mayor repercusión el caso Bulacio, donde se condenó al Estado a resarcir el daño por la muerte del joven.
“El Estado tiene una asignatura pendiente en esto. La violencia policial tiene hechos concretos. Hay declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos que dice que está trabajando en un código contravencional, hace unos días también habló la secretaria de Seguridad diciendo lo mismo, pero la pregunta es qué hacemos mientras tanto, porque estamos en condiciones de decir que todos los días se detiene gente en toda la provincia en eso que se llama ‘faz contravencional’, que es ilegal. Hay que pedir un informe sobre la gente que se detiene en la faz contravencional y vamos a tener una idea de números. Esto no es legal y compromete a la provincia”, remarcó el abogado.
Otra contradicción y van…
Frente al discurso del ex ARI que permitió la llegada de Ríos al gobierno, y las manifestaciones posteriores aun desde otra fuerza política, Aciar marcó la contradicción que se hace evidente entre dichos y hechos, a casi cuatro años de gestión y sin un tema central resuelto. “Es contradictorio que el Estado provincial, que enarbola como uno de sus postulados más significativos el tema de los derechos humanos, no haga nada con un pedido concreto de cumplimiento de la ley. En esto que es el día a día, y que está pedido, no se ha hecho ni se ha dicho nada. Se ha dicho que ‘se está trabajando’, pero digamos la verdad: estamos en octubre, a fin de año hay asunción de la nueva Legislatura y, si se llega a hacer algo, va a ser durante el 2012. Mientras tanto ¿a cuánta gente más van a detener en forma ilegal? Es una decisión política de la gobernadora, del ministro de gobierno, del jefe de policía. Nosotros presentamos esto en el mes de marzo. Va a terminar el año y no hubo nada y nos seguimos enterando de que siguen golpeando gente en dependencias policiales. Esto no es alarmista, porque todos los operadores lo saben y lo que pretendemos es que se cumpla la ley”, finalizó el abogado.
‘Paco’ Giménez llamó ‘jauría’ a los policías torturadores
Noche de perros
El abogado de la víctima de torturas de parte de los policías destacó la labor de la fiscalía en la reconstrucción de los hechos y calificó como “jauría” a los uniformados que golpearon salvajemente, no sólo al joven Torres, sino a otras dos personas. Fue una noche de las tantas que se vienen describiendo sin que nada ocurra. Hasta ahora.
En declaraciones a Radio Fueguina, el Dr. Francisco “Paco” Giménez destacó la tarea desarrollada por el Juez y el Fiscal de la causa que investiga las torturas al joven Torres, quienes pudieron “hacer una reconstrucción histórica de los hechos de esa madrugada y culminaron con este pedido del fiscal mayor de la detención de nueve policías, algunos de ellos de mucha antigüedad en la fuerza, otros muy jóvenes, y también la imputación a los jefes de la comisaría por un delito conexo, que es haber permitido que eso suceda en dependencias policiales”, manifestó.
Si bien el centro de torturas se ubica en la comisaría tercera, el Dr. Giménez indicó que en la reconstrucción de los hechos el fiscal mayor “también da cuenta de que fueron llevados a la comisaría primera en un momento en esa noche de terror. Fue un tour que le hicieron pasar a dos jóvenes, porque en realidad el fiscal mayor requiere a uno por vejaciones y a otro por torturas. Fueron dos las víctimas y también se pudo reconstruir cómo la patota de la policía levanta al amigo de estos dos chicos, por los cuales fue a preguntar a la comisaría. Sin ningún motivo lo levantan de la calle, supuestamente por estado de ebriedad, cuando iba caminando tranquilamente con su novia por la calle Santa Fe. Baja una patota de una camioneta, lo prepean, lo maltratan, lo esposan y lo llevan detenido sin ningún motivo. Ahí hay otro delito, que es la privación ilegítima de la libertad sobre ese tercer joven. Fue una noche de terror y actuaron como una jauría”, describió.
En el marco de esa irracionalidad, barajó que “alguien empezó a pegar, fueron a la comisaría tercera y le empezaron a pegar a estos chicos”, aunque los abusos se dieron en los trayectos y hasta en el hospital.
Giménez espera la pronta detención luego de un par de medidas de prueba complementarias que fueron solicitadas al juez. “El dictamen del fiscal mayor es impecable, con una reconstrucción histórica muy bien fundada. Entre las pruebas se piden precisiones de la historia clínica, algunas pericias psicológicas, testimoniales de jefes policiales y si está listo en los próximos días el juez tendrá que resolver si procede o no a la detención de estos delincuentes”, consideró.
Aclaró que desde un primer momento, como representante de la familia, dijeron que “no teníamos apuro en lograr la detención, sino que se esclarezca la verdad, que se reconstruya todo lo que pasó y garantizarle a esta gente el derecho de defensa, a un abogado, y el derecho a ser juzgados sin golpes, que no tuvieron estos chicos”.
Para el abogado no hay registro en el país de un hecho semejante, en democracia. “Hubo casos de gatillo fácil, de policías que han matado a ciudadanos, pero un hecho de estas características, donde toda una guardia policial, como una jauría de perros se abalanza sobre ciudadanos inocentes para golpearlos y torturarlos, no tengo conocimiento de algo parecido”, sostuvo.
Aunque nunca aparecieron los elementos de tortura, se comprobó su utilización con pericias médicas. “Nunca se encontraron los elementos pero esto no es relevante a los efectos de la investigación. Pudo haber sido cualquier elemento capaz de conducir electricidad. Obviamente no se lo encontró en la comisaría pero no era relevante a los efectos de la investigación. Es como cuando una persona es herida de bala y no necesitamos el arma para comprobar que fue herido”, comparó.
Además, apuntó que la golpiza se da en la comisaría, en el trayecto a la comisaría y en el hospital. “Fueron torturas físicas, psicológicas, amenazas diciéndoles que ‘todavía te falta’, ‘te vamos a seguir dando en la comisaría’. Luego parece que empiezan a tomar conciencia de lo que pasó y tratan de ocultar lo que habían hecho, pero ya era tarde. Este chico no murió de casualidad, y a uno le hace pensar que si le pasa esto al hijo de un alto jefe policial, qué le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos”, reflexionó el letrado.
También agregó que otro chico que fue golpeado esa noche no había querido hacer la denuncia hasta que lo requirió el fiscal, y que una joven que iba con ellos alcanzó a escaparse por los pasillos internos. “Si no, también era víctima de todo esto”, aseguró.
El registro de casos que llegaron a la prensa incluye abusos contra mujeres, y fueron varios los testimonios de manoseos de policías que siguen impunes. Quizás los perpetradores hayan sido los mismos y la justicia, aunque tarde, finalmente empiece a llegar.
Hoy se procedería a la detención de los policías vinculados a los hechos de tortura, de hacer lugar el juez al requerimiento del fiscal mayor, luego de un trabajo de reconstrucción de los vergonzantes hechos que hicieron eje en el uso de picanas contra el hijo de un jefe policial, aunque las víctimas fueron más.
“Lamentablemente esta es la consecuencia de un actuar ilegal en la provincia, que venimos denunciando desde hace años”, dijo el Dr. Raúl Aciar a este medio, puesto que “la Constitución de la provincia establece que nadie puede ser privado de su libertad sin orden estricta y fundada, de autoridad judicial competente. Es decir que la policía o cualquier fuerza de seguridad, no puede detener sino solamente cuando tiene una orden judicial o para poner en conocimiento de una autoridad policial”.
Sostuvo que este último es el caso que se llama ‘flagrancia’, que es la cuestión urgente, y se da cuando un oficial de policía, en su recorrido, ve que una persona está cometiendo un delito. En ese caso lo puede detener, “pero para ponerlo a disposición de un juez, no para tenerlo una cantidad de horas en una dependencia policial, en lo que se llama detención contravencional”, aclaró.
“La detención contravencional en Tierra del Fuego es ilegal, porque la Constitución así lo establece y no puede existir una norma por encima de la Constitución. Esto ha sido últimamente reconocido por las autoridades de la provincia”, señaló el abogado, aunque las detenciones ilegales continúan.
Indicó que supuestamente se justifican en los edictos policiales del año ’79, pero que no pueden ir por sobre la Constitución, además de desnudar la desidia en haber buscado normas de reemplazo, con todo el tiempo transcurrido y la cantidad de denuncias por apremios que acumula la provincia.
“Los edictos facultan al jefe de policía a detener una persona hasta un lapso de treinta días. Pero como la Constitución de la provincia dice que en Tierra del Fuego no se puede detener a nadie sin orden judicial o para poner en conocimiento del juez, y la Constitución es posterior a los edictos, obviamente lo que rige es la Constitución”, remarcó Aciar.
Además, aludió a la ley de provincialización de Tierra del Fuego, que le dio validez a todas las normas que estaban vigentes durante la época del Territorio, pero que seguirían vigentes hasta tanto la provincia legislara sobre cada tema. En el caso de las detenciones, la legislación la dio ni más ni menos que la Constitución, que dice que está prohibida la detención. “Eso es lo que está vigente y no es discutible. De modo tal que la policía no puede detener una persona en la faz contravencional”, insistió el letrado.
Para Aciar estos edictos son los que de alguna manera avalan la producción de torturas, los vejámenes, y el uso de picanas que ya fue comprobado para el caso Torres. “Si la policía tuviera presente que solamente puede detener para poner a disposición de un juez, obviamente no va a torturar a la persona. Ahí se da lugar a todo este tipo de vejámenes y abusos.
Resolverlo es tan sencillo como cumplir la ley. Si acá se dijera esto, como ya se ha dicho y está reconocido, todo este tipo de salvajismos no ocurriría”, aseveró.
Ningún hecho aislado
Aunque los funcionarios del gobierno parecen más preocupados por hablar de un “hecho aislado” que por legislar para resolver las detenciones ilegales, el letrado afirmó que no es así y observó que el joven Torres es hijo de un policía y por eso llegó a denunciar el caso, pero “hay muchas personas vejadas, agredidas y violados en su derecho, y cuando salen no van a hacer la denuncia a la misma policía que los ha maltratado”.
De hecho las crónicas periodísticas muestran decenas de casos de apremios, e incluso denuncias concretas que hicieron grupos de jóvenes, cuyo único resultado fueron más amenazas de los policías e intimidaciones en la vía pública.
Tampoco Aciar cree que la picana se haya usado por única vez con Torres. “Por las pericias que se han visto en el cuerpo del joven, es muy inocente pensar que la picana se ha utilizado solamente con este hombre.
Estas no son cosas alarmistas, son deducciones lógicas que tiene que tratar cualquiera con sentido común”, señaló, y advirtió que si esto sigue ocurriendo, teniendo herramientas legales para detener los abusos, es que “obviamente hay quienes quieren que las cosas sean así”.
Provincia con riesgo de juicios
Consultado sobre la respuesta de las autoridades a su planteo, lamentablemente sigue el silencio, aunque se expone a la provincia a una lluvia de demandas y resarcimientos. “Todo esto que estoy diciendo, lo he dicho por escrito. He presentado notas al jefe de policía, al presidente de la Legislatura, al presidente del Superior Tribunal, al fiscal ante el STJ, a la gobernadora, al ministro de Gobierno, a la secretaria de Derechos Humanos, al presidente de la Asociación de Magistrados. Todo eso se hizo en marzo de este año”, refirió.
Agregó que en sus notas pidió “a todas esas autoridades que tomen las medidas necesarias, porque acá se está responsabilizando a la provincia por cualquiera de las personas que se vea afectada por el no cumplimiento de la ley. El día de mañana puede tener una acción resarcitoria contra el Estado”, alertó, y sobran casos a nivel nacional, siendo uno de los de mayor repercusión el caso Bulacio, donde se condenó al Estado a resarcir el daño por la muerte del joven.
“El Estado tiene una asignatura pendiente en esto. La violencia policial tiene hechos concretos. Hay declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos que dice que está trabajando en un código contravencional, hace unos días también habló la secretaria de Seguridad diciendo lo mismo, pero la pregunta es qué hacemos mientras tanto, porque estamos en condiciones de decir que todos los días se detiene gente en toda la provincia en eso que se llama ‘faz contravencional’, que es ilegal. Hay que pedir un informe sobre la gente que se detiene en la faz contravencional y vamos a tener una idea de números. Esto no es legal y compromete a la provincia”, remarcó el abogado.
Otra contradicción y van…
Frente al discurso del ex ARI que permitió la llegada de Ríos al gobierno, y las manifestaciones posteriores aun desde otra fuerza política, Aciar marcó la contradicción que se hace evidente entre dichos y hechos, a casi cuatro años de gestión y sin un tema central resuelto. “Es contradictorio que el Estado provincial, que enarbola como uno de sus postulados más significativos el tema de los derechos humanos, no haga nada con un pedido concreto de cumplimiento de la ley. En esto que es el día a día, y que está pedido, no se ha hecho ni se ha dicho nada. Se ha dicho que ‘se está trabajando’, pero digamos la verdad: estamos en octubre, a fin de año hay asunción de la nueva Legislatura y, si se llega a hacer algo, va a ser durante el 2012. Mientras tanto ¿a cuánta gente más van a detener en forma ilegal? Es una decisión política de la gobernadora, del ministro de gobierno, del jefe de policía. Nosotros presentamos esto en el mes de marzo. Va a terminar el año y no hubo nada y nos seguimos enterando de que siguen golpeando gente en dependencias policiales. Esto no es alarmista, porque todos los operadores lo saben y lo que pretendemos es que se cumpla la ley”, finalizó el abogado.
‘Paco’ Giménez llamó ‘jauría’ a los policías torturadores
Noche de perros
El abogado de la víctima de torturas de parte de los policías destacó la labor de la fiscalía en la reconstrucción de los hechos y calificó como “jauría” a los uniformados que golpearon salvajemente, no sólo al joven Torres, sino a otras dos personas. Fue una noche de las tantas que se vienen describiendo sin que nada ocurra. Hasta ahora.
En declaraciones a Radio Fueguina, el Dr. Francisco “Paco” Giménez destacó la tarea desarrollada por el Juez y el Fiscal de la causa que investiga las torturas al joven Torres, quienes pudieron “hacer una reconstrucción histórica de los hechos de esa madrugada y culminaron con este pedido del fiscal mayor de la detención de nueve policías, algunos de ellos de mucha antigüedad en la fuerza, otros muy jóvenes, y también la imputación a los jefes de la comisaría por un delito conexo, que es haber permitido que eso suceda en dependencias policiales”, manifestó.
Si bien el centro de torturas se ubica en la comisaría tercera, el Dr. Giménez indicó que en la reconstrucción de los hechos el fiscal mayor “también da cuenta de que fueron llevados a la comisaría primera en un momento en esa noche de terror. Fue un tour que le hicieron pasar a dos jóvenes, porque en realidad el fiscal mayor requiere a uno por vejaciones y a otro por torturas. Fueron dos las víctimas y también se pudo reconstruir cómo la patota de la policía levanta al amigo de estos dos chicos, por los cuales fue a preguntar a la comisaría. Sin ningún motivo lo levantan de la calle, supuestamente por estado de ebriedad, cuando iba caminando tranquilamente con su novia por la calle Santa Fe. Baja una patota de una camioneta, lo prepean, lo maltratan, lo esposan y lo llevan detenido sin ningún motivo. Ahí hay otro delito, que es la privación ilegítima de la libertad sobre ese tercer joven. Fue una noche de terror y actuaron como una jauría”, describió.
En el marco de esa irracionalidad, barajó que “alguien empezó a pegar, fueron a la comisaría tercera y le empezaron a pegar a estos chicos”, aunque los abusos se dieron en los trayectos y hasta en el hospital.
Giménez espera la pronta detención luego de un par de medidas de prueba complementarias que fueron solicitadas al juez. “El dictamen del fiscal mayor es impecable, con una reconstrucción histórica muy bien fundada. Entre las pruebas se piden precisiones de la historia clínica, algunas pericias psicológicas, testimoniales de jefes policiales y si está listo en los próximos días el juez tendrá que resolver si procede o no a la detención de estos delincuentes”, consideró.
Aclaró que desde un primer momento, como representante de la familia, dijeron que “no teníamos apuro en lograr la detención, sino que se esclarezca la verdad, que se reconstruya todo lo que pasó y garantizarle a esta gente el derecho de defensa, a un abogado, y el derecho a ser juzgados sin golpes, que no tuvieron estos chicos”.
Para el abogado no hay registro en el país de un hecho semejante, en democracia. “Hubo casos de gatillo fácil, de policías que han matado a ciudadanos, pero un hecho de estas características, donde toda una guardia policial, como una jauría de perros se abalanza sobre ciudadanos inocentes para golpearlos y torturarlos, no tengo conocimiento de algo parecido”, sostuvo.
Aunque nunca aparecieron los elementos de tortura, se comprobó su utilización con pericias médicas. “Nunca se encontraron los elementos pero esto no es relevante a los efectos de la investigación. Pudo haber sido cualquier elemento capaz de conducir electricidad. Obviamente no se lo encontró en la comisaría pero no era relevante a los efectos de la investigación. Es como cuando una persona es herida de bala y no necesitamos el arma para comprobar que fue herido”, comparó.
Además, apuntó que la golpiza se da en la comisaría, en el trayecto a la comisaría y en el hospital. “Fueron torturas físicas, psicológicas, amenazas diciéndoles que ‘todavía te falta’, ‘te vamos a seguir dando en la comisaría’. Luego parece que empiezan a tomar conciencia de lo que pasó y tratan de ocultar lo que habían hecho, pero ya era tarde. Este chico no murió de casualidad, y a uno le hace pensar que si le pasa esto al hijo de un alto jefe policial, qué le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos”, reflexionó el letrado.
También agregó que otro chico que fue golpeado esa noche no había querido hacer la denuncia hasta que lo requirió el fiscal, y que una joven que iba con ellos alcanzó a escaparse por los pasillos internos. “Si no, también era víctima de todo esto”, aseguró.
El registro de casos que llegaron a la prensa incluye abusos contra mujeres, y fueron varios los testimonios de manoseos de policías que siguen impunes. Quizás los perpetradores hayan sido los mismos y la justicia, aunque tarde, finalmente empiece a llegar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario