Los abusos en los precios de los automóviles dieron origen a una investigación de autoridades nacionales vinculadas con la defensa de la competencia. Llegarán la semana próxima y pedirán explicaciones a los funcionarios provinciales que no han hecho cumplir la 19640. La causa comenzó en 2008, debido al costo de los automóviles que se comercializan en la isla, pero el abuso de precios es aplicable a todos los rubros.
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Río Grande.- “Los que vivimos hace unos cuantos años en Tierra del Fuego sabemos que en una época el precio comparativo de todos los automotores era mucho más barato que el actual. En un momento esto se tergiversó y los autos en Tierra del Fuego pasaron a costar más caros que en el continente”, repasó el Dr. Raúl Aciar en el programa Controversias.
Es uno de los abogados que, junto al Dr. Federico Rauch, denunció la situación ante la comisión nacional de defensa de la competencia, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.
“En Tierra del Fuego existe un mercado regulado por la 19640, que es la causa de las diferencias de precio porque no se pagan impuestos nacionales y esto es aplicable a todo lo que se comercializa. Básicamente lo que pedimos es el cumplimiento de la ley y la encargada es esta comisión, porque en algún momento se incrementó el costo de los automotores por parte de todos los que venden los autos. Independientemente que esto haya estado arreglado en alguna reunión secreta o no, la ley prevé control y sanción de estas conductas, porque atentan contra la competencia”, aseveró.
“Todo el mundo vende más caro de lo que tiene que vender, esté arreglado o no, y atenta contra la competencia y contra el consumidor. Esta comisión viene a sancionar la cartelización”, explicó el abogado, y de hecho es parte de la investigación en marcha.
Aunque en el país exista un mercado desregulado, dijo que “el fabricante tiene precios sugeridos, y el concesionario tiene la posibilidad de vender de distintas maneras, una es la forma en que se va a vender y otra es el precio total. Si el precio sugerido es de diez y quiere vender a veinte, nadie va a comprar a veinte porque hay otros que venden a diez. En Tierra del Fuego esto no pasa, porque todos venden caro”, diferenció para graficar cómo se elimina por supuestos acuerdos la posibilidad de competencia, para beneficio del consumidor.
“La ilegalidad radica en el beneficio que tiene el habitante de Tierra del Fuego y en la distorsión que se produce, porque ese beneficio se concentra en ganancia para los que venden autos. Es sencillo y real, todos los sabemos y eso es lo que explica el crecimiento de todos los que venden autos en la provincia en los últimos años. No criticamos la ganancia de los comerciantes, pero tiene que haber un límite de tolerancia”, manifestó.
Por datos aportados en el programa televisivo, en 2009 entre el precio sugerido y el de venta, la diferencia habría superado los 124 millones de dólares. La admisión de la denuncia ya es síntoma de que algo no está bien, aunque el gobierno parezca mirar para otro lado: “Después de presentada la denuncia en el año 2008 la comisión primero consideró admisible esa denuncia, las explicaciones de los concesionarios no fueron satisfactorias, aperturó el inicio de un sumario y pidió la facturación de los últimos cinco años para comparar con precios de otros lugares del país. Pidió informes a la Aduana, que tiene en su registro el precio de compra del concesionario al fabricante. A partir de ahí se obtiene la ganancia. El objeto de este proceso es determinar si la ganancia ha sido producto de una cartelización, de una concertación de precios, o no”, precisó Aciar.
La llegada
Lo cierto es que en pocos días bajan las autoridades nacionales a la provincia para dar los últimos pasos de la investigación, y los funcionarios provinciales que debieron controlar tendrán que dar explicaciones: “Se ha ordenado una serie de pericias y se ha citado a una serie de funcionarios del gobierno para que den explicaciones sobre la composición de costos y la comercialización de automotores. Esto es lo que va a ocurrir a partir del 15 de noviembre”, dijo el abogado.
Indicó que el gobierno debió hacer cumplir la 19640 oportunamente, no sólo para los autos sino en general: “En rigor de verdad esta tarea que hicimos nosotros debiera haberle correspondido al Estado en alguna de sus manifestaciones y alguna autoridad que tiene que ver con la comercialización, en el rol de procurar que el beneficio que existe para los habitantes de Tierra del Fuego se cumpla y sea una realidad. Esto lo iniciamos el Dr. Rauch y yo de parte de la actividad privada y existió una denuncia por parte de la provincia, que está acumulada a este expediente. La provincia no tuvo mayor intervención y esto lo hemos empujado nosotros”, concluyó.
Es uno de los abogados que, junto al Dr. Federico Rauch, denunció la situación ante la comisión nacional de defensa de la competencia, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.
“En Tierra del Fuego existe un mercado regulado por la 19640, que es la causa de las diferencias de precio porque no se pagan impuestos nacionales y esto es aplicable a todo lo que se comercializa. Básicamente lo que pedimos es el cumplimiento de la ley y la encargada es esta comisión, porque en algún momento se incrementó el costo de los automotores por parte de todos los que venden los autos. Independientemente que esto haya estado arreglado en alguna reunión secreta o no, la ley prevé control y sanción de estas conductas, porque atentan contra la competencia”, aseveró.
“Todo el mundo vende más caro de lo que tiene que vender, esté arreglado o no, y atenta contra la competencia y contra el consumidor. Esta comisión viene a sancionar la cartelización”, explicó el abogado, y de hecho es parte de la investigación en marcha.
Aunque en el país exista un mercado desregulado, dijo que “el fabricante tiene precios sugeridos, y el concesionario tiene la posibilidad de vender de distintas maneras, una es la forma en que se va a vender y otra es el precio total. Si el precio sugerido es de diez y quiere vender a veinte, nadie va a comprar a veinte porque hay otros que venden a diez. En Tierra del Fuego esto no pasa, porque todos venden caro”, diferenció para graficar cómo se elimina por supuestos acuerdos la posibilidad de competencia, para beneficio del consumidor.
“La ilegalidad radica en el beneficio que tiene el habitante de Tierra del Fuego y en la distorsión que se produce, porque ese beneficio se concentra en ganancia para los que venden autos. Es sencillo y real, todos los sabemos y eso es lo que explica el crecimiento de todos los que venden autos en la provincia en los últimos años. No criticamos la ganancia de los comerciantes, pero tiene que haber un límite de tolerancia”, manifestó.
Por datos aportados en el programa televisivo, en 2009 entre el precio sugerido y el de venta, la diferencia habría superado los 124 millones de dólares. La admisión de la denuncia ya es síntoma de que algo no está bien, aunque el gobierno parezca mirar para otro lado: “Después de presentada la denuncia en el año 2008 la comisión primero consideró admisible esa denuncia, las explicaciones de los concesionarios no fueron satisfactorias, aperturó el inicio de un sumario y pidió la facturación de los últimos cinco años para comparar con precios de otros lugares del país. Pidió informes a la Aduana, que tiene en su registro el precio de compra del concesionario al fabricante. A partir de ahí se obtiene la ganancia. El objeto de este proceso es determinar si la ganancia ha sido producto de una cartelización, de una concertación de precios, o no”, precisó Aciar.
La llegada
Lo cierto es que en pocos días bajan las autoridades nacionales a la provincia para dar los últimos pasos de la investigación, y los funcionarios provinciales que debieron controlar tendrán que dar explicaciones: “Se ha ordenado una serie de pericias y se ha citado a una serie de funcionarios del gobierno para que den explicaciones sobre la composición de costos y la comercialización de automotores. Esto es lo que va a ocurrir a partir del 15 de noviembre”, dijo el abogado.
Indicó que el gobierno debió hacer cumplir la 19640 oportunamente, no sólo para los autos sino en general: “En rigor de verdad esta tarea que hicimos nosotros debiera haberle correspondido al Estado en alguna de sus manifestaciones y alguna autoridad que tiene que ver con la comercialización, en el rol de procurar que el beneficio que existe para los habitantes de Tierra del Fuego se cumpla y sea una realidad. Esto lo iniciamos el Dr. Rauch y yo de parte de la actividad privada y existió una denuncia por parte de la provincia, que está acumulada a este expediente. La provincia no tuvo mayor intervención y esto lo hemos empujado nosotros”, concluyó.
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